En agosto pasado, inmediatamente después de un improbable atentado con drones cargados de explosivos, el mundo pudo ver lo que buscaba la policía política de Nicolás Maduro con la detención del diputado opositor Juan Requesens: producir a toda prisa un vídeo que mostrase al cautivo incriminándose a sí mismo como cómplice del líder opositor Julio Borges, a quien se acusa de orquestar el intento magnicida.
El ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, mostró el vídeo de Requesens a la prensa extranjera. El joven diputado luce en él ostensiblemente estuporoso, y según opiniones expertas, incluyendo la de su padre, médico de profesión, bajo los efectos de una droga que bien pudo ser pentotal sódico. Con característico desparpajo, el ministro Rodríguez destacó cínicamente el valor probatorio de una confesión obtenida en cautiverio ilegal y bajo tortura.
Empeñados en obtener a troche y moche falsos testimonios probatorios de una conjura magnicida contra Nicolás Maduro, los hombres del Sebin —el protervo servicio de inteligencia de la dictadura— han cometido ahora un nuevo crimen: secuestrado por los esbirros de la dictadura, el concejal opositor Fernando Albán murió a causa de las torturas a que es sometido en los sótanos de un inexpugnable cuartel de la policía política. Su cuerpo fue arrojado al vacío desde un décimo piso.
Dos voceros del régimen, esta vez el ministro del Interior y el Fiscal General, informan de que se trata de un suicidio, pero se contradicen el uno al otro en los detalles y con ello solo logran avivar la incredulidad y la indignación universales.
Respetadas organizaciones de la sociedad civil venezolana que velan por los derechos humanos han exigido una investigación independiente que se sustraiga a los habituales tejemanejes de la dictadura en estos trances.
Junto a esas organizaciones, varios gobiernos de Europa y las Américas expresaron sus dudas respecto de la versión de la dictadura y alguno de ellos ha llegado a llamar a su embajador en Caracas para consultas sobre el nuevo, tenebroso episodio. Tan solo el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, confiere crédito al régimen, desestimando las exigencias de una investigación independiente. Zapatero ha llamado a confiar en lo que la Fiscalía y la misma policía política, es decir, los mismísimos secuestradores y asesinos de Fernando Albán, tengan a bien decirnos sobre lo ocurrido.
Hace ya tiempo que Rodríguez Zapatero se constituyó en vocero oficioso de la dictadura, al punto de que Luis Almagro, Secretario General de la OEA, lo ha llamado zumbonamente “ministro de exteriores de Maduro”.
Son llamativos el resuelto apoyo de Zapatero al régimen y el tenaz empeño que pone en exculparlo y quitar hierro a las denuncias de sus crímenes de lesa humanidad. Esta columna piensa que los motivos de Zapatero son de mucho más calado que el mero interés en prebendas personales que los mentideros de Caracas le atribuyen.
Para decirlo con palabras que un perspicaz excorresponsal en Caracas ha vertido en un tuit, el ‘dialoguismo’ de la actual administración del PSOE recuerda los tiempos del canciller Miguel Ángel Moratinos, el ministro de Defensa José Bono y el embajador Raúl Morodó, a quien Zapatero destacó durante su presidencia ante Hugo Chávez.
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