Cuán irresponsable, por decir lo menos, ha sido la actitud de la fracción gubernamental en la Asamblea Nacional al entregarle al menos indicado —por su manifiesta incompetencia e ineptitud para gobernar— poderes absolutos para legislar sobre materias de singular importancia y trascendencia para el devenir del paÃs. Tal transferencia de poderes significa más zozobra e incertidumbre para una Venezuela sacudida por una crisis social, polÃtica y económica. A los autores de esta aberrante acción, atenazados por su supina ignorancia sobre el comportamiento y efecto de las fuerzas que mueven la economÃa, sólo les interesa cobrar un salario, disfrutar de prebendas y venderle el alma al diablo para mantener su estéril curul. No les interesan ni visualizan las consecuencias que acarreará para todos los ciudadanos el ejercicio errático de la facultad, que sin razón ni justificación alguna, le transfirieron al poder ejecutivo.
Es absolutamente claro que el gobierno no necesita poderes especiales para actuar en el campo económico; antes que le fuera otorgada la ley habilitante habÃa adoptado decisiones como intervención y cierre de establecimientos comerciales, sanciones para sus propietarios, confiscación de inventarios, fijación unilateral de los precios de venta al consumidor, determinación de los canales de distribución de las mercaderÃas, racionamiento de la cantidad de productos que podrÃan ser adquiridos por los consumidores y, finalmente, creación de organismos y entes para el control y regulación de las actividades comerciales. En fin, pudo crear todo una parafernalia burocrática para un irritante e inútil control gubernamental sobre la población y los agentes económicos, sin necesidad de utilizar ninguna ley habilitante.
Por otra parte, hay que destacar la incapacidad de la ley habilitante para resolver los acuciantes problemas de inflación y escasez que sufrimos. Si el gobierno no se decide a actuar para corregir el déficit fiscal y su forma de financiamiento consistente en mayor endeudamiento y emisión inorgánica de dinero; si no actúa decididamente sobre esas variables, causantes reales de los desequilibrios de nuestra economÃa, no avanzaremos ni un ápice en la corrección de las distorsiones que la aquejan aun cuando disponga de todas las habilitantes que se quiera. Asimismo, es evidente la inutilidad de la referida ley para la lucha contra la corrupción. ¿Es que acaso no existen sobrados elementos fácticos para que el gobierno proceda a destituir y a enjuiciar a personeros del régimen sobre los cuales hay denuncias, sustentadas en pruebas, de los delitos en que están incursos? Hasta que no lo hagan, las acciones que puedan intentar al amparo de la habilitante sobre ese particular, serán letra muerta porque carecerán del sentido ético y la equidad que les confiera legitimad social y polÃtica.
El control desmedido, ilegal e inconveniente que ha estado ejerciendo el gobierno sobre la actividad económica se ampliará desmesuradamente por efectos de la sesión al ejecutivo de la facultad parlamentaria de legislar. Los hechos ocurridos hasta ahora y las amenazas que se ciernen sobre la actividad económica privada afectarán negativamente las expectativas del inversionista y lo inducirán a reducir al máximo sus riesgos, lo que, a su vez, se traducirá en aumento del desempleo, escasez de productos en el mercado, caÃda de la producción nacional y declinación ostensible de la tasa de inversión. De hecho, las primeras medidas adoptadas en el marco de la referida habilitante son un atentado contra la propiedad privada y el libre albedrÃo del consumidor. En efecto, el gobierno en lo sucesivo determinará que, cuánto y cuándo producir, los precios de los productos, la tasa de ganancia del capital, qué importar y quiénes podrán importar.
Huelga mencionar los problemas de corrupción, inequidad y escasez que tales acciones gubernamentales causarán al paÃs. Es decir, con la habilitante se trata de imponer definitivamente en Venezuela un sistema autoritario de control y dominación de los ciudadanos, de los mercados, los precios, la producción y de la tasa de cambio, similar al vigente en Cuba y en los otros pocos paÃses comunistas que todavÃa existen.
El empeño de conducir al paÃs por esos derroteros irremisiblemente nos lleva al desbarajuste económico y al caos social. El disgusto y la preocupación que ello nos causa se tornan en una profunda “arrechera†y ésta nos debe conminar a actuar para detener la tragedia que se cierne sobre el paÃs. Arréchate, expresa y canaliza tu disgusto. El 8-D usa el poder de tu voto para castigar sin miramientos tanto abuso y daño que los improvisados que detentan el poder nos han causado a lo largo de tres lustros.
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