La elección del CNE puso de nuevo sobre la mesa el tema del voto y las elecciones: sus posibilidades de convertirse en instrumento de lucha y recuperación de la institucionalidad democrática.
Todas las encuestas señalan que los venezolanos rechazan la violencia. Recuerdan con horror los sucesos del ‘Caracazo’. Se pronuncian contra la ‘guarimba’, el cierre de vías de comunicación y las reyertas callejeras entre jóvenes y cuerpos de seguridad del Estado. La gente quiere que la insondable crisis nacional se resuelva de forma pacífica y concluya con unas elecciones nacionales en las que se elija un nuevo presidente de la República y las demás autoridades del Estado. Con la realización de elecciones coincide la inmensa mayoría de los ciudadanos y los dirigentes políticos.
La zona de tensión aparece cuando se aborda el tema de las condiciones electorales, especialmente el de la composición del CNE. Allí se produce la fractura. Un sector radicalizado sostiene que en el actual escenario no existe un ambiente aceptable para ir a votar. El régimen domina las instancias clave. No se garantizan votaciones equitativas, transparentes, competitivas y supervisadas por la comunidad nacional e internacional. La sociedad civil ha sido relegada. Esta fracción cree en las elecciones, pero las ubica en un remoto futuro, cuando el desventajoso panorama actual se haya modificado y la oposición haya alcanzado la fuerza suficiente para imponer las características que todo proceso democrático establece.
La otra facción es más pragmática. Las elecciones constituyen un campo de batalla en el cual la lucha entre los contrincantes se da cuerpo a cuerpo. Contra un enemigo poderoso se pelea cada centímetro para tratar de arrinconarlo, hacerlo retroceder o derrotarlo con las armas o pertrechos que se poseen. Frente al maximalismo de quienes aspiran establecer condiciones justas, se colocan quienes optan por el gradualismo: el objetivo consiste en avanzar paso por paso, conquistar espacios, librar una guerra de trincheras preservando las que ya se tienen y logrando nuevas. Con la finalidad de avanzar en esta estrategia, se considera que el apoyo internacional resulta crucial. Dentro de los gobiernos democráticos existe una amplia fracción que entiende que la lucha tan desigual librada por los demócratas venezolanos contra la dictadura madurista, implica presionar al régimen para que progresivamente vaya reinstitucionalizando a la nación.
En términos muy apretados, estas son las posiciones fundamentales. El cuadro global se caracteriza por una enorme debilidad de los opositores.
Me detengo en la sociedad civil. Para la selección del CNE, la Constitución Nacional le confiere un gran peso a las organizaciones civiles. La CRBV y la Ley de Procesos Electorales fueron ignoradas por completo. Los órganos del Poder Electoral no se eligieron de acuerdo con los principios de independencia orgánica, autonomía funcional, despartidización, imparcialidad y participación ciudadana, establecidos en la Carta Magna. No rigió la norma —Art. 296— de acuerdo con la cual el CNE debe estar integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos; tres de ellos postulados por la sociedad civil, uno por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales y uno por el Poder Ciudadano.
Tampoco se cumplió con el requisito exigido por el mismo artículo, según el cual la Junta Nacional Electoral, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento, serán presididas por un integrante propuesto por la sociedad civil. Esa realidad es inocultable. Nicolás Maduro y los factores que negociaron con él nombraron a unos políticos o, en el caso de Roberto Picón, a un técnico con una amplia y cercana experiencia con partidos políticos de la oposición. De esta manera funciona un régimen autoritario. Los interlocutores son aquellos que pueden desestabilizar al grupo dominante y poner en peligro su permanencia en el poder.
La sociedad civil fue marginada porque dentro de la correlación de fuerzas imperante, carece de peso propio. Para el régimen, su capacidad de presión es casi insignificante. Para la comunidad internacional, la sociedad civil no representa una interlocutora significativa. Hablar de su ‘enorme significado’ está muy bien en los foros internacionales sobre la inclusión, la diversidad y la democracia, pero en la política real se le excluye porque carece de peso específico.
Estas son las realidades que deben ser comprendidas por la oposición. Argumentar, por ejemplo, que no acudirá a los comicios regionales porque el gobierno no cumplió con lo establecido en la Constitución en la escogencia del CNE, me parece inadecuado. La Constitución y las leyes se cumplen no por formalismos jurídicos, sino por el despliegue de fuerzas capaces de hacer respetar el Estado de derecho. La tensión entre las normas jurídicas y la realidad concreta se da incluso en sociedades cuyo apego a la norma es muy fuerte. Vean La Enmienda, la serie documental de Netflix, que muestra la batalla que han debido librar los negros, las mujeres, los homosexuales y los inmigrantes para que el Estado y la sociedad norteamericana les reconozcan sus derechos.
Las próximas elecciones serán otro escenario para luchar y avanzar.
@trinomarquez
Publicado originalmente en https://politikaucab.net
About The Author
