La decisión del presidente Duque de declarar un estatuto de protección especial para los inmigrantes venezolanos coloca a Colombia en una condición de liderazgo en el tratamiento democrático de un fenómeno migratorio de masas, con un enfoque de derechos humanos y de solidaridad internacional, sin precedentes en el escenario político mundial.
Estamos hablando de dos circunstancias muy especiales. Únicas. La primera, el éxodo venezolano a Colombia, sin duda el fenómeno migratorio más numeroso y acelerado producido entre dos países fronterizos en la historia de América Latina. Ni las migraciones de Haití a República Dominicana, de Nicaragua a Costa Rica o de Uruguay a Argentina, ni siquiera la de Colombia a Venezuela, han tenido la intensidad de la venezolana hacia Colombia generada por esa desgracia conocida como socialismo del siglo XXI.
Un fenómeno migratorio que ya alcanza los dos millones de personas. El 70% del cual ha ocurrido en apenas cuatro años, entre 2017, cuando la crisis venezolana se agudizó, y el presente 2021, cuando todo hace prever que ha comenzado una nueva fase migratoria de alta intensidad.
La otra circunstancia es cómo el Estado, los gobiernos y la sociedad colombiana han tratado solidariamente el fenómeno migratorio. Tanto el gobierno de Santos como el del Duque, en vez de recurrir a mecanismos de cierre de fronteras, como el propuesto por Trump con México, o a bloqueos del desplazamiento de ciudadanos, como están haciendo los gobiernos de Perú y Chile, optaron por la regularización de la migración venezolana para evitar que se convierta en un caos mayor.
Ambos gobiernos han tratado con especial atención los tres tipos de migración. La pendular que se produce en tres puntos fronterizos –La Goajira, Santander y Arauca– entre ciudadanos que entran y salen de Colombia a buscar alimentos, medicinas y empleos temporales. Para esa migración el gobierno colombiano creó la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF).
La migración de destino, que viaja a Colombia a quedarse y tratar de hacer una nueva vida que en nuestro país se le niega. Para esa migración, el gobierno colombiano creó el Permiso Especial de Permanente (PEP), una especie de visa de emergencia que le ha permitido a casi un millón de venezolanos vivir en condiciones legales en la nación colombiana.
Y la migración de tránsito, de miles de venezolanos que atraviesan el territorio colombiano y salen por el puente Rumichaca, en el departamento de Nariño, frontera con el Ecuador, camino de Perú, Chile, Argentina y el mismo Ecuador.
Y ahora, con la decisión de crear un Estatuto de Protección Temporal para iniciar un proceso de regularización de los migrantes venezolanos, el presidente Duque ofrece una legalidad por diez años a los 1.729.537 venezolanos inmigrantes, de los cuales 966.714, el 56%, se encuentran en un estatus migratorio irregular.
Lo menos que podemos decir es “Gracias Colombia, por estos años de solidaridad”. Nunca lo olvidaremos.
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