Con la torpeza que lo caracteriza, Maduro ha escogido —para ejercer la presidencia de la Nación— ignorar por completo las normas constitucionales, ejercer la feroz confrontación contra la disidencia y ofrecer la sumisa total entrega de la soberanía del país a intereses foráneos; actitudes utilizadas por él como la forma de hacer y entender la política.
En tal sentido, además de los ya conocidos frentes de controversia abiertos por su gobierno a nivel internacional, ahora en el plano interno se suma ahora el empeño de imponerle al país la Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, todavía no explicada adecuadamente sus alcances y —mucho menos entendidas por los ciudadanos—sus consecuencias. Concebida por el régimen para no reconocer la destrucción que ha causado de la economía nacional, evadir las sanciones internacionales que obran en su contra, favorecer ilegalmente a los grupos que le son leales, apropiarse ilícitamente de los bienes y activos de la Nación, eliminar normas de rango legal o sublegal que impidan al régimen llevar a cabo determinadas acciones e implementar medidas que faciliten sus gestiones entreguistas y depredadoras. Pretende, entonces, la sustitución de numerosas disposiciones contempladas en la Constitución Nacional por una entelequia llena de ambigüedades, secretismo, incertidumbre, entrega subrepticia de los activos de la República a quiénes el régimen designe a dedo, además de hacerlo, sin información pública ni las tareas de contraloría que debe ejercer la Asamblea Nacional legítima. Igualmente, la nueva jugarreta gubernamental trata de ocultar al país la incapacidad actual de la economía venezolana de generar y proveer a la población de los bolívares y divisas necesarios para atender sus necesidades.
Asimismo, el régimen busca denodada e irresponsablemente agenciar ingresos, mediante la venta de todos los bienes y activos propiedad de la República, es decir, ello significará, en ciertos casos, la entrega a gobiernos extranjeros, en exclusividad, tanto, la explotación de importantes recursos naturales como la realización de proyectos de diversa índole en los que posiblemente no tendrá cabida la participación de la inversión privada nacional.
Desde esa óptica, el programa que el régimen subrepticiamente negocia y las políticas públicas asociadas se orientan fundamentalmente a satisfacer plenamente los requerimientos del inversionista extranjero en lugar de haber sido concebido para recuperar los equilibrios macroeconómicos perdidos de la economía nacional; por tanto, el referido programa, vistas la opacidad de sus fines, sus limitaciones conceptuales, su vaguedad y los condicionamientos exigidos, lo más probable es que contribuya a profundizar aún más los desequilibrios mencionados a un costo creciente per cápita y a un mayor control gubernamental a la ciudadanía.
A nuestro juicio, estas son algunas de las razones fundamentales que explican la urgencia del gobierno para contraer, sin el debido análisis y la obligatoria aprobación legislativa constitucional, tan inconveniente y oneroso programa. Pretende financiar los errores y omisiones de una pésima gestión de gobierno que ha significado enormes costos para el país y sus ciudadanos en un ambiente de ilegalidad manifiesta. Además del franco deterioro del liderazgo gubernamental y de profundizar el malestar, la desconfianza y la decepción colectivas por la falta de probidad y realizaciones del gobierno.
Es una empresa de gran envergadura que demanda grandes recursos de financiamiento que el régimen no dispone. En consecuencia y ante el inminente riesgo de perder el poder, el gobierno con la falta de escrúpulos que le caracteriza, ha decidido imponer por vía de la fuerza —que no de la racionalidad— las acciones que le garanticen un determinado flujo de caja para sus actividades sin importarle los costos y las consecuencias económicas y sociales asociadas a la asunción de tales medidas. Pero, lo más grave de este asunto es que no sabemos, a fe cierta, para que fines utilizará el régimen los posibles recursos adicionales a la enorme deuda que ha contraído. Hay que añadir la inveterada opacidad y misterio con que el régimen suele negociar y utilizar los recursos que obtiene, como es el caso del hermetismo sobre el funcionamiento y el uso que ha dado a los recursos incorporados en el actual Fondo Chino.
Es evidente que todos los ciudadanos y los organismos responsables de la gestión financiera pública deberían oponerse a tal desaguisado, pero, como la independencia de poderes no existe y la represión inhibe, el régimen seguirá actuando con total impunidad y misterio.
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