Saab, quien ha sido señalado como testaferro de Maduro y Cilia Flores, en estos momentos espera una decisión judicial final en Cabo Verde

La acción de aprehender a Alex Saab encaja en la estrategia de tratar al régimen madurista como un pranato o estado delincuencial. La lucha en el ámbito policial-judicial es clave para demoler las bases de esta amalgama de malandros, articulados para enriquecerse delictivamente.

Hace algunos años informamos que el entramado de poder que domina a Venezuela, más que un narcoestado o Estado mafioso, era y es un pranato —término derivado de ‘pran’, utilizado para señalar al jefe de los delincuentes en un recinto penal. En otras palabras, en Venezuela hay un Estado delincuencial, el cual engloba un conjunto de actores que se apoyan para mantener el poder con fines crematísticos. Entre ellos están, como ya hemos advertido, los izquierdistas filocubanos, quienes llegaron al poder con Chávez y le dan una envoltura “revolucionaria” a la tiranía; una cúpula militar y del alto gobierno corrupta sustentada en el desfalco del tesoro nacional, además de varios grupos guerrilleros fundamentalmente colombianos (las FARC y el ELN), así como organizaciones extremistas islámicas; los narcotraficantes y sus carteles internacionales; los bolichicos o boliburgueses tanto como los lavadores de dinero; y varios gobiernos extranjeros que toman ventaja del país, siendo el principal depredador el de Cuba, pero también los de Rusia, China e Irán que buscan ventajas geoestratégicas en Venezuela.
Esta aproximación resalta, sin excluir ninguna acción o estrategia, que para salir del pranato madurista la arremetida policial juega un papel crucial. Ella, junto a todas las otras que se puedan emprender, tiene como objetivo quebrar esa alianza en el poder. Alianza que está pegada con el engrudo del ‘dinero negro’ que produce la delincuencia, la cual vive a sus anchas y se mueve con desparpajo en las entrañas del país… y más allá. He aquí la importancia de este tipo de estrategia.
Las sanciones a personeros del régimen son dardos muy precisos contra el pranato, al afectar a algunos de sus más importantes funcionarios y, en muchos casos, a sus familias. Esas sanciones son las que más han aplicado los gobiernos amigos de la democracia, entre ellos EEUU, Canadá, los de la Unión Europea y otros como Suiza. Pero esto deja por fuera a otros delincuentes —parte del pranato— que no ejercen funciones de Estado. Por eso lo judicial-policial es clave.
Efectivas son también las sanciones que afecten el ingreso de divisas por parte del régimen, pues su uso es en buena parte para mantener esa estructura delincuencial. Las más conocidas: las petroleras, pero también las relativas al oro de sangre que ha comenzado a jugar un papel clave.
También EEUU ha congelado todos los activos administrados por el gobierno en disputa de Maduro, impidiendo las transacciones con ellos y sancionando a los que lo hagan —esto no incluye las transacciones privadas y las relativas a alimentos y medicinas y otros bienes esenciales, ni prohíbe las transacciones privadas.
Cada vez más, la administración Trump enfoca su acción hacia el ámbito judicial-policial. Y esto tiene todo el sentido del mundo si —como hemos argumentado— el componente criminal del régimen es cada vez más definitorio.
Entre las acciones recientes de la administración Trump en el área policial, tenemos la operación antinarcóticos que recientemente desplegara EEUU en el Caribe. Ella golpea significativamente una de las fuerzas que forman la amalgama del pranato. La idea es crear una barrera que impida el tráfico de estupefacientes hacia el norte, así como debilitar las fuentes de poder del pranato. A esto se ha unido la creación en Honduras de un centro de comando y control para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, apoyado por Washington. Honduras es puente clave de la droga que sale de Venezuela hacia el norte.
Adicionalmente están los juicios por corrupción, tráfico de drogas y otros delitos como lavado de dinero que se han abierto a 14 personajes claves del régimen, entre ellos a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello, cuyas cabezas ahora tienen precio.
Los más importante son las cabezas cuyas investigaciones han concluido, pero no se les ha dado orden de captura para facilitar su arresto internacional cuando aparezca el momento.
Este precisamente ha sido el caso de Alex Saab, un pequeño empresario colombiano devenido en gran negociador del pranato, al cual incluso se le dio nacionalidad venezolana y es señalado como “agente del gobierno venezolano”. En Colombia, a este individuo se le ha imputado “lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada”.
Saab, quien ha sido señalado como testaferro de Maduro y Cilia Flores, en estos momentos espera una decisión judicial final en Cabo Verde, donde fue detenido para ser extraditado a EEUU, país donde ha sido acusado por el Departamento de Justicia de aprovechar el control cambiario en Venezuela para lavar más de US$ 350 millones.
La cúpula del pranato teme que Saab llegue a Miami y comience a delatar al cogollo madurista. Esta situación ya la hemos vivido —recordemos el sainete del ‘pollo’ Carvajal en Aruba; entonces el pranato ganó la partida, así como en el caso del capo de la droga Willian Mackle, capturado en Colombia. Ahora se espera que los estadounidenses hayan aprendido.
Al acabar con la industria petrolera, la savia que alimentó el país y luego al pranato, es decir, los petrodólares, se ha venido reemplazando por ‘dinero negro’ producto de la delincuencia. Dinero sucio que permite amalgamar todos esos grupos hamponiles bajo la sombrilla del régimen madurista.
Por lo anterior, las acciones judiciales y policiales que se han emprendido, lamentablemente, solo por la administración Trump, son fundamentales y se han convertido en factor clave para el colapso del régimen.

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