Derechos humanos en Venezuela ante la CPI / UN LARGO CAMINO JURÍDICO, por Juan Navarrete

Comparte en tus redes
El británico Karim Khan asumió el cargo de fiscal de la CPI este año

La Corte Penal Internacional abrió en febrero de 2018 un examen preliminar a Venezuela por abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles donde se habría maltratado a opositores.

La hoy ex fiscal de la CPI, Fatou Bom Bensouda, adelantó en noviembre del año pasado que existen “fundamentos razonables para creer” que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En el último informe mencionó posibles delitos de tortura, violencia sexual y persecución por motivos políticos, cuyas víctimas habrían sido miembros de la oposición.

Bensouda explicó antes de entregar el cargo, tras nueve años de gestión, que Venezuela introdujo un “recurso de control judicial” ante la Sala de Cuestiones Preliminares y por tal motivo la opinión de la ex fiscal sobre si el expediente de Caracas pasaba a fase de investigación no se hizo pública.

Al respecto, el representante en Europa de la organización defensora de derechos humanos Provea, Calixto Ávila, explicó que “es un recurso introducido a último momento y de manera confidencial con el ánimo de dilatar al máximo el procedimiento ante la Sala de Cuestiones Preliminares”.

Ahora quien tiene la responsabilidad de anunciar la decisión sobre el examen preliminar Venezuela I es el británico Karim Khan, quien asumió el cargo de fiscal de la CPI este año. Su decisión se podría dar a más tardar en diciembre, cuando se celebre la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma.
Hay tres posibles escenarios: el primero, que el fiscal decida cerrar el examen preliminar y archivar el caso; el segundo es que se mantenga el examen preliminar hasta el momento en el que pueda tomar una decisión; y el tercero es cerrar el examen preliminar y abrir una investigación que estaría a cargo de la Corte Penal Internacional.

En el examen preliminar del caso Venezuela I, la Fiscalía de la Corte ya determinó que había “una base razonable” para considerar que en el país se habían cometido crímenes en su jurisdicción.

Amnistía Internacional había documentado “ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y muertes causadas por fuerza excesiva por agentes del gobierno o grupos de civiles armados progubernamentales”, expresa una carta pública realizada por su secretaria general, Agnès Callamard, sobre el caso de Venezuela.

En la misiva indica que esperaban una conclusión por parte de la Fiscalía de la Corte por lo que le pidieron tomar una rápida decisión para evitar “no seguir sometiendo a las víctimas a la incertidumbre de un examen preliminar interminable”.
Un paso como este abre el camino a la búsqueda de justicia y a establecer las responsabilidades de la cadena de mando, autores intelectuales y materiales. Lo fundamental es reivindicar los derechos de las víctimas en Venezuela.

Publicado originalmente een www.avilamonserrate.com

Deja un comentario