Cuando digo económico hablo sobre el poderoso negocio que desarrollan el régimen venezolano y las fuerzas irregulares colombianas para controlar el tráfico de narcóticos.

Mucho se ha escrito sobre los sucesos ocurridos en La Victoria (Apure) desde el domingo 21 de marzo en la frontera colombo-venezolana. Los despachos informativos han dado cuenta de los ataques de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a la FARC-EP, disidencia de la FARC pacificada. El primer saldo incluyó varias bajas militares y el desplazamiento masivo de ciudadanos. La violencia continúa como han reseñado los medios. Hay mucha confusión sobre los hechos.

Lo que sí está muy claro es que la FANB bombardeó el campamento de una de las facciones de las disidencias de las FARC —liderada por Iván Mordisco—, que disputa con mucha fuerza a la otra disidencia —comandada por Jesús Santrich e Iván Márquez— el dominio de un territorio usado para las acciones del narcotráfico. Dicho de forma precisa, la fuerza pública del régimen madurista les garantiza el control de su negocio a sus socios Santrich y Márquez. Se sabe que 90% de los ingresos de las guerrillas colombianas en Venezuela —que incluye el ELN— provienen del narcotráfico y la minería ilegal.

Usar soldados venezolanos para esta operación evidencia un daño grave a la institucionalidad militar venezolana, ya de por sí deteriorada. Pero lo que está en el fondo del conflicto es un problema político, económico, delincuencial y humanitario.

Cuando digo político no me refiero a diferencias ideológicas entre las facciones de las FARC disidentes sino al mantenimiento del poder de una de ellas. El apoyo del régimen venezolano a Santrich y Márquez no solo afecta a la vida de los ciudadanos venezolanos en la frontera sino a la estabilidad política de Colombia. Maduro acusa al presidente Iván Duque de pretender invadir Venezuela y el ministro Padrino López denuncia un supuesto financiamiento de lo CIA en la operación. Y no hay que olvidar que Santrich ha amenazado de muerte al mandatario colombiano.

Cuando digo económico hablo sobre el poderoso negocio que desarrollan el régimen venezolano y las fuerzas irregulares colombianas para controlar el tráfico de narcóticos, una de las pocas fuentes de ingresos que tiene Miraflores hoy, junto con la explotación irracional del Arco Minero.

Cuando digo delincuencial aludo a las actividades criminales de los grupos irregulares en Apure y de las temibles Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) que han reprimido a los habitantes de La Victoria.

Y cuando digo humanitario observo a los 5 mil venezolano que han ingresado al departamento de Arauca para salvar sus vidas, dejando atrás casas y propiedades. La Victoria es hoy un pueblo fantasma.

Un conflicto en pleno desarrollo.

Publicado originalmente en www.avilamonserrate.com

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