El presidente Iván Duque, apoyado en una puesta en escena estratégica para la ocasión, ha hecho un anuncio que marca un hito en el manejo de los migrantes y refugiados venezolanos, cuya única opción es huir de los desmanes que ejecuta una dictadura brutal, enemiga del desarrollo humano o, mejor dicho, enemiga de toda forma de vida.
Para la comunidad internacional, los parámetros del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos colocan la vara en la posición más alta. Salta a la vista su amplio alcance, pues aspira a regularizar a más de un millón setecientos mil venezolanos que hacen vida en este país. Las ventajas tanto para los migrantes como para el Estado colombiano son múltiples, y ya muchos se han referido a ello desde diversas ópticas. Pero frente a una política pública de esta envergadura, siempre habrá a quienes no les conviene, estos son, los que no quieren que esto se concrete. Debo decir que no es un fenómeno de Colombia, pues hay en todo el mundo organizaciones que obtienen inmensas ventajas de la situación de irregularidad migratoria y en general del desplazamiento humano forzado por las condiciones indignas de vida.
Un informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicado en 2018, sostiene que al menos 2,5 millones de migrantes fueron víctimas de redes de tráfico. Esta actividad se ha convertido en un lucrativo negocio que, según ese informe, generó ganancias a los traficantes, de unos 7.000 millones de dólares, cifra equiparable a la suma de los presupuestos de ayuda humanitaria de los Estados Unidos y la Unión Europea durante 2016. No es poca cosa de lo que hablamos, más si a eso le añadimos la existencia de grupos irregulares de distinto signo que dominan parte del territorio fronterizo entre Colombia y Venezuela, multiplicados y fortalecidos por su sociedad con Maduro. A estas redes no les conviene la regularidad migratoria, porque apunta al asentamiento y desarrollo. Prefieren la invisibilidad y anonimato del irregular.
Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo ha venido tratando de definir y promover el concepto de ‘trabajo decente’, para contraponerlo a la explotación laboral que sufren millones de personas en el planeta, especialmente los migrantes. Este concepto procura establecer, los derechos en el trabajo, las oportunidades de empleo, la protección y el diálogo social, como formas de inclusión, de erradicación de la pobreza y fortalecimiento de la democracia. La irregularidad migratoria promueve el trabajo indigno, por lo que quienes se aprovechan de él, pierden frente al Estatuto.
Finalmente, se pone en evidencia que más de un político hubiese querido ser quien tomara una decisión de este nivel. Duque adquiere una importante proyección internacional y fuerza ética al pasar del discurso a favor de los derechos de los migrantes a la acción concreta.
Publicado originalmente en www.avilamonserrate.com
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