La supervivencia de la utopía socialista / UNA TRAGEDIA PARA LA DIGNIDAD HUMANA, por Rodrigo Ahumada Durán.

Jean François Revel se interroga: “¿qué motivos han incitado a políticos e intelectuales de izquierda a creer que podían sacar de la historia que habíamos vivido unas lecciones en tan manifiesta contradicción con lo que ella enseñaba y con lo que había sido?”

“La democracia, en lo que tiene de mejor, lleva consigo, efectivamente, las causas de su propia pérdida. Tolera en su seno adversarios asesinos, los que ellos no soportarían en el suyo”

(Emmanuel Leroy-Ladurie, L’Express)

La utopía socialista y la tragedia de Venezuela

Especial para Ideas de Babel. El lapidario informe de la ONU sobre la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela y los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la tiranía de Nicolás Maduro, constituye un urgente llamado a la humana razón a reflexionar sobre las razones y causas que nos permitan comprender la supervivencia de la utopía socialista, a pesar de su constante atracción por el colectivismo, que hace del humano un ser genérico (Gattungswesen) y del Estado un sujeto (estatismo) y su tendencia por imponer un modelo de sociedad que se encuentra en las antípodas de la democracia, hipotecando o simplemente suprimiendo las libertades personales en nombre de una supuesta igualdad (que en rigor es igualitarismo), o de una visión distorsionada de la justicia social, concepto que no forma parte de su patrimonio histórico-doctrinal. ¿Hay justicia social en Venezuela, Nicaragua, Turquía o Rusia? ¿Existió justicia social en los países que vivieron durante decenios bajo la ficción del Hombre Nuevo y la tiranía detrás de la cortina de hierro? A la izquierda delirante, aquella que gobierna en España o la que legitima la violencia y manipula los DDHH para desestabilizar el orden político-institucional en Chile, se le suele olvidar que no hay mayor injusticia que privar a las personas de sus libertades y derechos fundamentales.

Como lo ha señalado la escritora y periodista Yoyiana Ahumada a propósito del Informe de la ONU sobre Venezuela,

“han sido 443 páginas de ignominia… El horror devasta el sonido, escucho los huesos crujiendo debajo de las hojas, los alaridos como un cinturón de fuego tatuado en los días que nunca habrán de volver a habitar esos cuerpos. ¿A dónde van los desaparecidos? ¿Cuántos cuerpos sin nombre, sin paso libre a la otra acera quedaron en esas páginas? … Un sustantivo, un verbo, disparó, hirió, secuestró, devastó, abusó, violó. Hay que nombrar el horror, conjugarlo como una huella, aunque mastiquemos vidrio y la noche estrangule el sueño… Sistemático y ruin el daño al otro, pensado, doblemente aplicado, la estrategia del mal confabulándose, ogro filantrópico que esparce migajas y destaja calendarios. Monstruo maldecido desde las entrañas de la tierra, no hay bestia del poder siniestro que pueda llamarse hombre. Un recorrido por la devastación del alma… Cuerpos ardidos, asfixiados, mutilados, violados, ofendidos”.

No olvidemos que, frente a estos hechos, como a la expansión del pensamiento único y de las dictaduras electorales del socialismo del siglo XXI, la izquierda latinoamericana ha guardado un silencio cómplice.

¿Cómo explicar entonces que la utopía socialista logre sobrevivir a pesar de sus rotundos fracasos y su trágico legado de los cuales la historia nos proporciona abundantes ejemplos? A nuestro entender, son diversos factores y causas que concurren para explicar un fenómeno histórico que forma parte del imaginario político (el lugar propio de la utopía). En primer término, la expansión arrolladora del liberalismo económico cuya expresión cultural se encuentra en la sociedad de mercado —no confundir con economía de mercado— cuyo fundamento se encuentra en una concepción economicista de la realidad, entendiendo por economicismo una visión global del mundo (Weltanschauung) que busca explicar todas las esferas de la vida humana por la razón económica. En esta lógica, la noción de persona es sustituida por la idea de individuo, siendo este último concebido como un mero productor y consumidor de bienes y servicios, un bien útil o recurso humano, que solo tiene valor agregado, y no alguien que posee valor en sí mismo, que es lo propio del ser personal. Cierto, la palabra persona sigue siendo de uso habitual, pero ella ha sido vaciada de su contenido real (nominalismo político). Lo mismo ocurre con la idea de bien común que se le confunde habitualmente con la noción de interés común o se la define como la sumatoria de bienes públicos.

Algo similar ocurre con la idea de sociedad política (que muchos confunden con la idea hegeliana de sociedad civil) y con la noción de Estado el cual es pensado separado de la sociedad (liberalismo) o absorbido por el Estado (socialismo). En ambos casos se trata de un ente abstracto o de un ‘ser en sí’ y no de una Institución rectora del bien común, de ahí que la gran discusión gire en torno al tamaño del Estado o, lo que es más grave (por las repercusiones que tiene), el falso dilema entre un Estado subsidiario versus un Estado solidario, como si fuese posible pensar el principio de solidaridad del Estado al margen del principio de subsidiariedad. No se debe olvidar que la absorción de lo político y lo social por la razón económica, conduce inevitablemente a una privatización del bien común (Alasdair MacIntyre).

En segundo término, y esta pareciera ser la causa más importante, la manipulación de la memoria histórica a través de los medios (y más recientemente de las RRSS), como lo han señalado y lo reafirman importantes especialistas que han estudiado el tema durante decenios, particularmente en Europa (Jean-François Revel, François Furet, Stéphan Courtois, Jacques Rossi, Nicolas Werth, Karel Bartosek, Andrzej Paczkowsky o Thierry Wolton). No olvidemos que la última década del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI han sido testigos de la poderosa contraofensiva desplegada por los políticos e intelectuales de izquierda con el fin de borrar e invertir las conclusiones que, en 1990, parecían desprenderse de la evidencia del hundimiento de los socialismos reales y, más precisamente, de los fracasos del estatismo. Algunos en sus intenciones reivindicativas han llegado al extremo de comparar e incluso identificar el Estado Benefactor, État Providence o Estado Social característicos de las democracias europeas con las formas de estatismo que proceden del socialismo de inspiración marxista o neomarxista.

La mascarada socialista

La supervivencia del socialismo colectivista y estatista (o socialismo científico, para usar la expresión de Karl Marx en su crítica a los socialismos utópicos) ha sido explicado con una claridad y rigor inigualable por el destacado pensador francés, Jean-François Revel (militante socialista-marxista hasta 1970), en diversas obras que van desde La Tentación totalitaria (1976), pasando por Cómo terminan las democracias (1983), hasta La gran mascarada. Ensayo sobre la sobrevivencia de la utopía socialista (2000). En esta última obra Revel plantea una serie de tesis que han mostrado su fecundidad analítica y política con el paso del tiempo. En efecto, Revel se interroga:

¿qué motivos han incitado a políticos e intelectuales de izquierda a creer que podían sacar de la historia que habíamos vivido unas lecciones en tan manifiesta contradicción con lo que ella enseñaba y con lo que había sido? ¿A qué argumentos han recurrido para sustentar su justificación de los extravíos y de los crímenes constitutivos del totalitarismo o, al menos, de las intenciones que los habían engendrado? ¿En qué medida sus propagadores los han impuesto a las mentes, a qué mentes, a través de qué canales de transmisión intelectual? ¿Es vasta su audiencia? ¿O su influencia se limita a una clientela poderosa pero numéricamente limitada y que, en el fondo, se procura el espejo del maquillaje moral a fin de ahorrarse la confesión de los errores y la vergüenza del remordimiento?”.

Son estas incisivas interrogantes las que inauguran la reflexión del pensador francés (La Gran Mascarada, 2000).

Lo que está en discusión es la innegable simetría existente entre los regímenes totalitarios del siglo XX, particularmente entre el nazismo y el comunismo a lo largo del siglo XX. Esta ecuación perversa ya había sido denunciada con claridad y profundidad, por el gran filósofo cristiano Jacques Maritain, en su notable ensayo filosófico, El crepúsculo de la civilización (1939). Posteriormente la destacada filósofa política Hannah Arendt, en su obra clásica publicada en 1951, Los orígenes del totalitarismo, mostrará con claridad los nexos identitarios entre nazismo y comunismo (independiente si sus principios metafísicos son distintos). Se trata de un mismo fenómeno que se expresa en formas distintas, por eso es posible hablar de totalitarismo. En ambos casos (como en otros), las izquierdas europeas guardaron un escandaloso silencio.

¿Es posible comparar el nazismo con el comunismo? Jean François Revel nos describe cómo el debate en torno a la cuestión:

degeneró en una riña indecente —no sólo en Francia sino también en otros países, especialmente, como se puede comprender, en Alemania e Italia— tras la publicación en 1997 del Libro Negro del Comunismo. La izquierda no comunista, a menudo más dispuesta a quemar brujas que los comunistas mismos, se lanzó desatada contra los profanadores. Puso en la misma hoguera a Stéphane Courtois, culpable del sacrilegio de haber ligado ‘los dos totalitarismos’, y a Alain Besançon, quien, en un discurso pronunciado en el Institut de France en 1997, tuvo también el valor de saltarse la prohibición y situar al mismo nivel nazismo y comunismo”.

¿Cómo explicar estas reacciones por parte de la izquierda? El filósofo francés responde con una precisión admirable:

“La celosa negativa a toda equivalencia, incluso a toda comparación, entre nazismo y comunismo, a pesar del parentesco de sus estructuras estatales y de sus comportamientos represivos, proviene del hecho de que la condena cotidiana del nazismo sirve de muro protector contra todo examen atento del comunismo”. Esto explica, que todo intento de análisis por parte de historiadores o filósofos que ponga el acento, como dice Revel, “en su esencial similitud levante huracanes anunciadores de rabias vengadoras”.

Se objetará, con justa razón, que ninguna rememoración de la criminalidad nazi puede ser excesiva. Sin embargo, “la insistencia en esa rememoración se convierte en sospechosa cuando sirve para aplazar indefinidamente otra: la de los crímenes comunistas”. Finalmente, Revel se interroga sobre un hecho de capital importancia para el futuro de la democracia: “¿Qué eficacia moral, educativa y, por ello, preventiva puede tener la indispensable reprobación de los crímenes nazis si se transforma en una pantalla destinada a ocultar otros crímenes?”. Es preciso decirlo hasta que se entienda, “el deber de memoria o es universal o no es más que fariseísmo partidista. Servirse de las víctimas del nazismo para enterrar el recuerdo de las del comunismo es insultar su memoria”. Como lo ha recordado Jacques Rossi, “es inútil tratar de saber cuál de los totalitarismos de nuestro siglo fue más bárbaro puesto que todos impusieron el pensamiento único y dejaron montañas de cadáveres” (Le Manuel du Goulag, 1996). No nos cansaremos de señalarlo, es fundamental no caer en la hemiplejia de la memoria histórica si se pretende garantizar una defensa eficaz de los derechos de la persona y de la misma democracia. (Cf. Paul Ricoeur, La Historia, la Memoria y el Olvido; Tsvetan Todorov, Les Abus de la Mémoire).

Chile ante la encrucijada socialista

Es justamente el dilema entre la utopía estatista y la democracia representativa (y en más de un sentido entre la tolerancia democrática y la intolerancia revolucionaria), lo que estará presente como telón de fondo en el próximo plebiscito que se realizará en Chile el 25 de octubre próximo (independiente si los votantes tienen conciencia de ello). El resultado determinará si nuestro país mantiene la Constitución política de 1980, con las reformas sustanciales que se le hicieron en el gobierno del presidente Ricardo Lagos Escobar, y que fue aprobado por la amplia mayoría del Congreso en 2005, en la democracia representativa que caracteriza al régimen político chileno. Las únicas fuerzas políticas que se opusieron a su aprobación fueron el Partido Comunista y el grupo guerrillero FPMR, ambos sin representación parlamentaria por su escaso electorado.

La Constitución actualmente vigente (1980-2005) no solo le dio y le ha dado estabilidad política e institucional al país, también le permitió alcanzar un crecimiento económico y desarrollo social que Chile no había conocido a lo largo de su historia republicana en el siglo XX. Desgraciadamente, la incapacidad del gobierno encabezado por el presidente Sebastián Piñera para enfrentar el estallido social de octubre de 2019, urdido y articulado por grupos minoritarios tanto de izquierda como de extrema izquierda (acompañado por hechos de violencia en gran parte del territorio nacional, que obligó a la presencia de los militares en las calles para restablecer el orden), condujo a nuestro país a una difícil e inesperada encrucijada.

Con la perspectiva que da el paso del tiempo, queda claro que lo ocurrido en Chile respondió a una clara intención de desestabilizar el régimen político. Esto no habría sido posible sin la intervención del gobierno dictatorial de Venezuela, como lo denunció en su momento la OEA. “Las actuales corrientes de desestabilización de los sistemas políticos del continente tienen su origen en la estrategia de las dictaduras bolivariana y cubana, que buscan nuevamente reposicionarse, no a través de un proceso de reinstitucionalización y redemocratización, sino a través de su vieja metodología de exportar polarización y malas prácticas, pero esencialmente financiar, apoyar y promover conflicto político y social” (Comunicado de Prensa Secretaría General de la OEA, 16 de octubre de 2019). También en la declaración del 24 de octubre de ese mismo año se señala: “las brisas del régimen bolivariano impulsadas por el madurismo y el régimen cubano traen violencia, saqueos, destrucción, y un propósito político de atacar directamente el sistema democrático y tratar de forzar interrupciones en los mandatos constitucionales. Los intentos que hemos visto documentados en Ecuador y Colombia, lo vemos hoy en Chile” (Comunicado de Prensa Secretaría General de la OEA).

Esta crisis sin precedentes desde el retorno a la democracia ha llevado al presidente Piñera a ofrecer (lo que nos parece una gran imprudencia política y un signo claro de debilidad) como moneda de cambio, una solución política completamente ajena a las necesidades del país, al proponer la elaboración de una Nueva Constitución, lo que no estaba en la mente de nadie y menos en la de sus propios electores. El viejo objetivo del PC y de los grupos de izquierda, sobre todo aquellos afines al socialismo del siglo XXI se encontraron con un obsequio nunca esperado, y menos aún viniendo de un presidente al que consideran un tecnócrata neoliberal.

En este escenario, gracias a la hábil propaganda desplegada por la izquierda (al cual se han plegado como comparsa los sectores socialdemócratas y la misma democracia cristiana), lo más probable es que sea la opción del Apruebo a una Nueva Constitución la que triunfe sobre los partidarios del Rechazo. Sin embargo, cualquiera sea la opción que gane en el plebiscito, eso no pondrá fin a la polarización política existente en nuestra sociedad y tampoco a los hechos de violencia (el ataque a comisarías en Santiago se ha convertido en algo habitual). Menos aún, terminará con la profunda crisis política e institucional, pero también social y cultural por la cual atraviesa nuestro país, como consecuencia de un proceso de descomposición que se remonta al último gobierno de la Concertación (Michelle Bachelet). En rigor, hoy asistimos nuevamente en Chile a lo que el destacado economista Jorge Ahumada Corvalán, fundador y primer director del Cendes, llamaba una “crisis integral”.

Sin embargo, lo más inquietante de la situación actual no se encuentra en el colapso de la clase política y de las instituciones del Estado, sino en la pérdida en gran parte de la población de los principios teóricos y los hábitos éticos mínimos que hacen posible la subsistencia de la democracia. Las nuevas generaciones se formaron bajo el influjo de lo que Gilles Lipovetsky ha llamado la era del vacío o sociedad individualista, hedonista y narcisista, que se ha cristalizado en la Sociedad de Derechos que tanto admiran y promueven socialistas y liberales, fundada en una idea falsa de la libertad que ha sustituido la venerable doctrina de los derechos y deberes de la persona, por la ideología de los derechos humanos. La confusión actual en el orden de las ideas es de tal magnitud que podríamos decir, con Jacques Maritain, que la crisis que hoy nos afecta es primeramente y ante todo una crisis de la inteligencia. Desgraciadamente, el costo de esta tragedia tendremos que pagarlo todos. Solo el tiempo nos dirá cuánto costará la factura.

 

Rodrigo Ahumada Durán. Profesor Asociado de Historia y Filosofía. Académico Correspondiente Pontificia Academia Santo Tomás de Aquino

 

 

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