El 27 de septiembre de 2019 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció una Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela mediante la Resolución 42/25 por un período de un año, para evaluar las violaciones de los derechos humanos cometidas desde 2014.
El mandato que ha encomendado el Consejo de DDHH consiste en investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometido, a fin de asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas.
En la presentación del informe —el 23 de septiembre 2020— de Marta Valiñas, presidenta de esta misión internacional independiente, en la 45° sesión del Consejo de Derechos Humanos se señala lo siguiente: “…nos llevó a tener motivos razonables para creer que estas violaciones fueron cometidas como parte de una línea de conducta generalizada y sistemática, y de conformidad con políticas de Estado, y que, por esa razón, constituyen crímenes de lesa humanidad”.
Este informe se diferencia del elaborado por la Alta Camionada de Naciones para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, al individualizar responsabilidades penales de los autores de las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humidad. Es un paso más en busca de la justicia que permite a los Estados miembros de ONU presentarlo ante la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), en donde el caso de Venezuela se encuentra en la etapa de investigación preliminar. Esto abre un abanico de acciones para la comunidad mundial que van desde la renovación del mandato de Misión de Determinación de los Hechos, enviar el informe a la Fiscal de la CPI, que algunos Estados por su cuenta presenten el caso ante la CPI y que algunos Estados en sus jurisdicciones decidan aplicar la jurisdicción universal.
En la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición como DDHH de las víctimas de graves violaciones y crímenes de lesa humanidad, este informe constituye un hito al establecerse las recomendaciones siguientes: responsabilidad y justicia para las víctimas; cesar la retórica pública, incluso de las autoridades de alto nivel, que incita a la violencia contra quienes expresan oposición a las políticas o acciones del Gobierno, incluidos los manifestantes; garantizar investigaciones independientes e imparciales en los casos de muertes bajo custodia, de conformidad con el Protocolo de Minnesota, por profesionales capacitados en estas normas; y permitir la participación de los familiares en las investigaciones, cuando se solicite, organizar la restitución del cuerpo a las familias.
Publicado originalmente en http://avilamonserrate.com/site/
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