trino-1A partir del 23-N surgió una nueva geometría del poder, pero no esa disparatada que el teniente coronel intentó imponer a través de la reforma constitucional y luego retomó en los decretos leyes de la habilitante, sino una basada en voto popular y en la concurrencia masiva de los ciudadanos a las urnas electorales. La geometría del poder socialista -la basada en las autoridades regionales designadas a dedo desde Miraflores, los Núcleos de Desarrollo Endógeno (NUDE), los Consejos Comunales en cuanto sustitutos de los Concejos Municipales, las comunas y ciudades socialistas- quedó liquidada en la mitad del país y, lo mejor, en la mitad más productiva, más desarrollada, más dinámica y que menos depende del gasto público y los favores del Gobierno central.

Con las elecciones regionales surgió un nuevo cuadro político. Se fortaleció la democracia descentralizada prevista en la Constitución del 99 y se redistribuyó el poder de una manera mucho más amplia. Los mandatarios regionales de la oposición se alzaron con el triunfo en los estados donde se concentra casi la mitad de la población. A partir de ahora al jefe de Estado está obligado a cohabitar con unos gobernadores y alcaldes que no comparten el proyecto del socialismo del siglo XXI.

Las condiciones en las cuales se realizaron estos últimos comicios fueron muy distintas a las de 2004. En aquella ocasión los sectores democráticos venían de un doloroso fracaso en el referendo revocatorio del 15-A. En medio de la frustración y desencanto que la cuestionada ratificación del Presidente provocó, se efectuó aquella consulta. La abstención de los sectores medios permitió que el oficialismo ganase en estados y municipios donde era minoría. Estas votaciones de 2008 se produjeron en una atmósfera distinta. La oposición concurrió a ellas luego de la edificante victoria del  2-D, fecha memorable en la que el pueblo rechazó la oferta comunista alentada por Hugo Chávez.

El cambio de percepción en el valor del voto como instrumento de lucha y de cambio y castigo (o premio), permitió que amplias capas de los sectores medios y de las clases populares urbanas, se movilizaran para reafirmar su confianza en la importancia de los gobernadores y alcaldes, y en la necesidad de levantar una barrera de contención a las pretensiones hegemónicas centralistas del comandante. Con los resultados obtenidos y con la elevada presencia lograda de los electores en los centros de votación, sería un verdadero atropello a la voluntad soberana que Hugo Chávez pretendiera designar las autoridades regionales previstas en el artículo 70 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, o que intentara llevar adelante la reorganización del territorio nacional, tal como está propuesta en la Ley de Ordenamiento Territorial, aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional, pero dejada en barbecho mientras se realizaban los comicios regionales. Sería un exabrupto nombrar a Diosdado Cabello, Aristóbulo Istúriz, Jessi Chacón o  Mario Silva, candidatos derrotados, para esos cargos. Sin embargo, la quinta república nos tiene acostumbrados a tantas desmesuras, que habría que estar preparados para tal eventualidad.

Otro plan presidencial que junto a la NGP y el socialismo del siglo XXI quedó muy averiado es el de la reelección indefinida del caudillo. Si a Chávez se le ocurre seguirle los consejos a Tarek William y promover a través del PSUV o de los Consejos Legislativos otra reforma de la Constitución de 1999, acusaría una nueva derrota de esa misma gente que por dos veces consecutivas le ha dicho que si bien quiere que termine su período en sana paz, no desea que en Venezuela se imponga una autocracia permanente. El pueblo volvió a declarar que desea un país plural en el cual surjan nuevos líderes y donde los liderazgos puedan renovarse. Este, precisamente, fue uno de los grandes logros de la oposición: mostró nuevas y jóvenes caras, como Pablo Pérez, mientras que el oficialismo perdió sus rostros más emblemáticos al tiempo que tuvo que refugiarse por enésima vez en la singular figura de Chávez.

El domingo 23-N compitieron dos fuerzas que han estado luchando desde que el proceso bolivariano inició su giro indetenible hacia la izquierda autoritaria: de un lado estuvo el modelo autocrático colectivista y  centralista que el Gobierno propone, ya rechazado en el referendo constitucional del 2-D; del otro se alineó el esquema de Estado federal y democrático descentralizado que comienza a partir de 1989, encarnado en esta ocasión  por los candidatos  de la opción democrática.

Los resultados de la consulta indican que el comandante tendrá que aceptar que la descentralización  no puede detenerse ni anularse.  Esa iniciativa nace en Venezuela como parte de un movimiento mundial, de una megatendencia, surgida en aquellas sociedades, entre ellas las socialistas, que estuvieron dominadas durante largo tiempo por el centralismo exacerbado. Esos poderes copulares, concentrados en su vértice por un partido, un mandatario o una oligarquía política arrogante y excluyente, fracasaron luego de haber empobrecido a sus naciones y de haberlas esclavizado.

En Venezuela costó mucho que los factores de poder domiciliados en Caracas entendieran que era necesario transferirles competencias, recursos y funciones a los estados y a municipios, y que ese movimiento de traslación pasaba por permitir que las entidades eligieran a sus autoridades a través del voto popular. Finalmente el peso de la realidad se les impuso y terminaron aceptando lo que era inevitable: que el Estado tenía que descentralizarse para que el país fuera federal, tal como lo proclamaba la Constitución de 1961. Esa realidad no es modificable a capricho. ¡Viva la Nueva Geometría del Poder!

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