Desde que el teniente coronel aprobó el “paquetazo”, el debate sobre los decretos con rango y fuerza de ley sancionados en el marco de la Ley Habilitante, ha girado fundamentalmente alrededor del carácter in y anti constitucional de esos instrumentos, y acerca de cómo esos decretos violan sin misericordia los resultados del referendo del 2-D. Es lógico que esta haya sido la tónica de la discusión. Los atropellos a la Carta del 99 y a la soberanía popular son tan flagrantes, y la complicidad de las  autoridades del poder Moral y el Tribunal Supremos de Justicia tan descarada y servil, que resulta inevitable desenmascarar el carácter ilegal e ilegítimo de esas leyes

Sin embargo, no conviene que la disputa quede exclusivamente en la esfera de los políticos, los abogados constitucionalistas, los politólogos o los sociólogos. Encerrar el combate en los cenáculos de los especialistas le interesa al caudillo, de ese modo reduce la polémica a una confrontación con los opositores. Mientras él supuestamente “legisla para el pueblo”, como señala con frecuencia, los “representes del imperio” en tierras tropicales se dedican a defender los intereses de la burguesía y el gran capital. Esta visión maniquea pretende esconder el contenido claramente colectivista, autoritario y militarista de  unos decretos leyes, que sin duda alguna  impactarán cual misil en la calidad de vida de los venezolanos, especialmente de esos que necesitan levantarse de madrugada para conseguir el pan de cada día.

Los decretos leyes crean todas las condiciones que desincentivan y desestimulan la inversión privada en las áreas productivas: tienen una orientación claramente  punitiva y confiscatoria, introducen severos factores de inseguridad jurídica, le dan un poder excesivamente discrecional a los Consejos Comunales en áreas para las cuales la gente no posee el conocimiento técnico o la formación científica adecuada, militariza la sociedad, centraliza la planificación económica y, en general, margina la iniciativa particular, poniendo todo el peso en una supuesta propiedad colectiva que, a todas luces, resulta una quimera.

El resultado de todos estos desbarros será, sin duda, la paralización de la inversión en sectores con capacidad para generar empleo en una escala significativa. La industria (grande, mediana y pequeña), la agricultura, la agroindustria, el turismo, el sistema financiero, los microempresarios y hasta los informales, se verán afectados.

Al disminuir la inversión productiva y el empleo, el volumen de bienes y servicios que el país necesita para satisfacer la demanda de una población que crece a un ritmo sostenido, se contraerá. La escasez y el desabastecimeinto, que han afectado al país en medio de la más prolongada  bonanza petrolera de la historia, aumentarán cuando la cantidad de alimentos merme. Al bajar la producción de bienes y servicios báiscos, la inflación encontrará un caldo de cultivo para aumentar  de manera sostenida. Bien se sabe que este es el impuesto más regresivo y dañino que puede aplicársele  a una población.

En resumen, la primera esfera en la que se verá lesionada la calidad de vida de los venezolanos es la relacionada con la inversión, el empleo, la oferta de bienes y servicios y el costo de la vida. El reverso de esta moneda será caída de la inversión, desempleo, escasez y desabastecimiento e inflación.

La otra dimensión en la que se lesionará el nivel de vida  es la que se conecta con la pérdida de libertad, la disminución de los espacios de ciudadanía y el aumento del control punitivo por parte del Estado sobre la sociedad civil. La Ley Orgánica de la Fuerza Armada Bolivariana crea la Milicia Nacional Bolivariana, cuerpo estrechamente conectado con los Consejos Comunales (la ley que regula estos organismos fue aprobada con anterioridad al “paquetazo”). La combinación de la Milicia y los Consejos es explosiva. Ambos organismos dependen política y financieramente de modo directo del Presidente de la República y son teledirigidos desde Miraflores. En este aspecto se percibe con toda claridad la influencia de Norberto Ceresole, el fascista argentino que dejó una huella indeleble en el espíritu del comandante Chávez Frías.  La articulación entre ese cuerpo de centuriones que es la MNB y los Consejos,  abre el camino hacia una sociedad militarizada y fanatizada, sometida sin crítica a los dictámenes del caudillo.

El pensamiento democrático y la tradición civilista, nacida en Venezuela después de la muerte de Juan Vicente Gómez, sufrirán un duro golpe. Si la sociedad no protesta de forma pacífica con toda su fuerza contra el “paquetazo”, ese ambiente de amplitud, tolerancia y pluralidad      -que permitió incluso que un militar que había dirigido un golpe sangriento y había prometido destruir el sistema democrático llegase al poder- se esfumará progresivamente.

Solo la fuerza de toda la sociedad movilizada logrará detener esa locura colectivista y militarista que se le ha metido en la cabeza al caudillo decimonónico. Ahora el país tiene la palabra.

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