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En la mira del gobierno norteamericano está la empresa Citgo, propiedad de Pdvsa —administra en suelo norteamericano una red de aproximadamente 5.800 estaciones de servicio, terminales portuarios y refinerías— que puede ser blanco de embargos.

Posterior a las propuestas diplomáticas avanzadas desde la OEA, la intención del régimen autoritario de Nicolás Maduro de adelantar un proyecto constituyente írrito, ha desatado la condena internacional de gobiernos e instituciones. Algunas, como las provenientes del gobierno de Donald Trump, la Unión Europea y de la reciente cumbre de Mercosur, pueden traer consecuencias devastadoras para la muy precaria legalidad y sostenibilidad del régimen

La amenaza de Trump

La advertencia efectuada por la administración Trump contra el gobierno de Venezuela pudiera concretarse no solo en medidas de embargo de cuentas o de anulación de visas contra personeros del régimen. También podrían considerar sanciones financieras que repercutirían sobre el sistema de pagos del petróleo que Pdvsa exporta a esa nación, y que pondría en una situación muy precaria el financiamiento de las cuentas fiscales de la república, en un momento de gran desabastecimiento de insumos, alimentos y medicamentos, así como un inminente riesgo de default, ante la imposibilidad de honrar las deudas internacionales contraídas. Hay que tener en cuenta que cerca de 96% de nuestras exportaciones están constituidas por petróleo. Para los EEUU las importaciones provenientes de Venezuela, son 8% del total, según la Administración de información de Energía (AIE), pero para Pdvsa representa 50% de su factura exportable.

Estas medidas punitivas contra el gobierno venezolano pueden ir más allá del boicot al sistema de pagos. En la mira del gobierno norteamericano está la empresa Citgo, propiedad de Pdvsa —administra en suelo norteamericano una red de aproximadamente 5.800 estaciones de servicio, terminales portuarios y refinerías— que puede ser blanco de embargos. Esta perspectiva ha llevado a la empresa petrolera rusa Rosnef, poseedora de un colateral de 49,9% de Citgo —como garantía del préstamo realizado a Venezuela en 2016—  a replantearse la modificación de este aval por participación en campos petroleros en territorio venezolano y productos refinados, según anunció la agencia Reuters en nota de prensa el 20 julio. Quedaría todavía pendiente la decisión de prohibir las importaciones petroleras provenientes de Venezuela  y las actividades comerciales con el país.

Este conjunto de medidas, no constituyen necesariamente una novedad. En 2012, Estados Unidos y la Unión Europea impusieron un conjunto de sanciones económicas y diplomáticas contra Irán, como parte de las restricciones aplicadas a esa república islámica por el desarrollo de su programa nuclear. Las mismas, trajeron como consecuencia, la pérdida de parte de la capacidad exportadora de Irán —1,2 millones de barriles diarios, que representaban cerca de 50% de los ingresos por concepto de exportaciones petroleras— boicot a las inversiones extranjeras, disminución de las transferencias de tecnologías y aislamiento internacional.

Luego de un ciclo de negociaciones donde las autoridades iraníes acordaron la reestructuración de su programa nuclear y la supervisión internacional del mismo, las sanciones fueron levantadas  a partir de enero del 2016.

La cumbre de Mercosur

El Mercosur —Mercado Común del Sur— se sustenta en el Protocolo de Ushuaia (Cláusula Democrática del Mercosur). El artículo 1 del mismo, establece como condición esencial para la adhesión de un Estado al bloque suramericano, la plena vigencia de la democracia como norma de gobierno. Además contempla la posibilidad de suspender los derechos y la participación de aquellos países violatorios de las normas establecidas en el mismo. La ratificación del estamento democrático, está de igual manera contemplada en el Protocolo de Montevideo sobre el Compromiso de la Democracia en el Mercosur (Ushuaia II), documento suscrito el 20 de diciembre de 2011 por los Estados miembros, incluida Venezuela.

La estadía de Venezuela en Mercosur ha estado viciada y llena de conflictos desde el mismo momento de su afiliación al bloque suramericano. Baste recordar que la anexión se logró después de la suspensión de Paraguay como miembro pleno, en una jugada política, que contó con el padrinazgo de los entonces gobernantes de los otros países miembros. Esta situación ha cambiado, con el relevo de los gobiernos ‘amigos’ del régimen venezolano en Brasil y Argentina

A diferencia de la resolución previa contra Venezuela, sustentada en el incumplimiento de los compromisos jurídicos establecidos para la incorporación plena al bloque de naciones, la reciente cumbre celebrada en la ciudad de Mendoza (Argentina) el pasado 21 de julio,  trató la situación de ruptura del orden institucional en Venezuela, tipificada por el creciente autoritarismo, violación del Estado de Derecho, autonomía de los poderes, militarización y  violación de los derechos humanos.

Los mandatarios suramericanos asistentes a la cumbre, suscribieron la resolución sobre Venezuela (con la excepción de Evo Morales) y aunque la misma fue menos contundente —por la posición del presidente uruguayo Tabaré Vázquez— no deja de ser un claro y definitivo mensaje de advertencia al régimen venezolano, al cual se le exhorta a suspender el llamado a convocar a una Asamblea Constituyente, “…al cese de toda violencia y a la liberación de todos los detenidos por razones políticas, instando al restablecimiento del orden institucional, la vigencia del Estado de Derecho y la separación de poderes, en el marco del pleno respeto de las garantías constitucionales y los derechos humanos». De persistir la actual situación, el próximo paso pudiera ser la expulsión definitiva de Venezuela del bloque suramericano.

Venezuela continúa bajo observación internacional, los próximos días producirán cambios dentro de este complejo contexto de desarrollo histórico.

*Publicado por El Impulso, Barquisimeto, 30 de julio de 2017

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