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Intervención INDISPENSABLE Y LEGÍTIMA, por Rubén Monasterios  

Intervención militar
La convocatoria de ayuda de tal naturaleza y la acción sustantiva con el fin de desplazar del poder a los bandidos y de someterlos al justo juicio, es del todo procedente desde el punto de vista de la Constitución venezolana y del derecho internacional.

En estos días pasados vi un programa esclarecedor en el espacio Zoom a la Noticia (NTN24),  cuyo contenido quiero compartir con los lectores, especialmente con aquellos que —por comprensibles y respetables razones— objetan la intervención armada en nuestro país.

Una de las personalidades entrevistadas fue el doctor Juan Carlos Sosa Azpurua (Caracas, 1969), escritor, abogado y activista venezolano. Recordemos que integró el grupo legal que demandó a Hugo Chávez y a su cúpula de gobierno por crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado ante la  Corte Penal Internacional de La Haya, la Audiencia Nacional de España y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El marco general de la entrevista fue la delicada interrogante: ¿es jurídicamente procedente admitir el uso de la fuerza armada multinacional para dar fin a la dictadura que exprime a Venezuela? La proposición de recurrir a este procedimiento obedece a la negativa del régimen de Maduro a permitir el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela. Agotada la vía pacífica el pasado sábado, el “uso de la fuerza” fue puesto sobre la mesa por el diputado Julio Borges, luego que el presidente interino, Juan Guaidó, anunciara a través de su cuenta en Twitter que los acontecimientos ocurridos lo obligaban a tomar una decisión: “plantear a la Comunidad Internacional de manera formal que debemos tener abiertas todas las opciones para lograr la liberación de esta Patria que lucha y seguirá luchando”.

Expongo el  planteamiento de Sosa Azpúrua de memoria, en mis propias palabras e interpolando comentarios personales. En consecuencia, probablemente omito algunos de sus puntos de vista. No obstante, creo que el contenido corresponde a su espíritu. Su razonamiento es el siguiente: El conflicto venezolano no es una oposición de facciones políticas, no es ideológico, sino un asunto —para decirlo de una manera fácilmente comprensible— de competencia policial, vale decir, de la eliminación o control de la delincuencia que corresponde ejercer a toda autoridad legítima.

Venezuela está en manos de un gang. El país íntegro yace bajo la pezuña de un colectivo despótico, ilegítimo desde la perspectiva constitucional, el cual es descaradamente ladrón en diferentes formas, falsario, inconcebiblemente cruel, condescendiente y aliado de terroristas internacionales y narcotraficantes e intencionalmente genocida. Como consecuencia de complicidades y groseras manipulaciones jurídicas y electorales, este poder terminó siendo usurpador, y se  ha desempeñado en forma brutal; enmascarado bajo una supuesta ‘revolución socialista’ ha ejercido durante dos décadas una de las peores administraciones jamás habidas en la Historia humana. Bajo su mandato un país próspero y calificado entre los en vías de desarrollo más pujantes de finales del  siglo XX, se transformó en uno de los más rezagados. En los últimos años, en todas las evaluaciones internacionales de países concernientes a condiciones de su economía, transparencia de la gestión, salud pública, bienestar social, alimentación, libertad de expresión y demás indicadores de desarrollo en un contexto democrático, Venezuela figura si no en el último lugar, entre los que encuadran en el último rango.

En Venezuela se está llevando a cabo un genocidio, en el estricto sentido del término, de entender por ello el exterminio de un agrupamiento social motivado por supuestas razones de cualquier índole, realizado mediante cualquier procedimiento, sea asesinando a las personas, creando condiciones para originar su muerte o por disposiciones destinadas a evitar los nacimientos.

Como si fuera poco, considérese que se trata de un genocidio que está llevando a cabo un poder espurio en su propio pueblo, activado por el propósito de exterminio ideológico —y he aquí la ‘razón’. El  principio de la  acción podría resumirse: “Si apoyas al gobierno, comes, y aquí tienes tu CLAP. De otro modo,  jódete”.

Pero ni esa miserable y desbalanceada limosna que reciben los real o simuladamente sumisos al régimen, evitará las consecuencias de largo alcance del genocidio. Esta secuela ocurre con perversa lentitud y alevosía mediante el hambre y el deterioro progresivo de la salud.

Los niños sobrevivientes del infanticidio causado por la escasez de recursos médicos y la desnutrición se desarrollarán  afectados en sus aptitudes intelectuales; tómese en consideración que la inteligencia, el conocimiento, la creatividad son los más valiosos recursos de cualquier sociedad. El narcocastrochavismo, degradado hasta lo último por esto que a propósito de etiquetear el infame período podríamos llamar ‘madurismo’, ha retrasado la evolución psicológica de la población venezolana al menos medio siglo. El futuro de los sobrevivientes al desastre es incierto. Y con ellos el futuro de todo el país. Ante el justo reclamo de especialistas y organizaciones, las respuestas de la cleptocracia son cinismo, mentiras, vaciedades estúpidas, indiferencia, represión, terrorismo de Estado y grotescas celebraciones bailables de la muerte.

El de Venezuela se ha convertido en un Estado delincuente cuyos dirigentes operan como un colegio de pranes; son malhechores de cuello blanco y camisa roja y uniformados cargados de medallas ‘por buena conducta’ que se  mantiene en el poder gracias a las armas, las de los militares —fraccionados pero aún indecisos— y las  clandestinamente puestas en  manos del hampa común convertida en sicariato.

Este es el panorama. Al mismo se encara el gobierno constitucional de Juan Guiadó, sin armas y solamente provisto de recursos morales y jurídicos. Es un enfrentamiento del poder altamente socializado y humanista versus el poder primitivo cuyo sustento radica en la fuerza física.

Y aquí retomo la esencia del pensamiento de Sosa Azpurua: cualquiera sea el escenario, es el deber del poder legítimo eliminar o someter la delincuencia; careciendo de recursos suficientes, tiene la facultad de convocarlos agotando todas las posibilidades. Ergo, la convocatoria de ayuda de tal naturaleza y la acción sustantiva con el fin de desplazar del poder a los bandidos y de someterlos al justo juicio, es del todo procedente desde el punto de vista de la Constitución venezolana y del derecho internacional.

Sobre Alfonso Molina

Venezolano, periodista, publicista y crítico de cine. Fundador de Ideas de Babel. Miembro de Liderazgo y Visión. Ha publicado "2002, el año que vivimos en las calles". Conversaciones con Carlos Ortega (Editorial Libros Marcados, 2013), "Salvador de la Plaza" (Biblioteca Biográfica Venezolana de El Nacional y Bancaribe, 2011), "Cine, democracia y melodrama: el país de Román Chalbaud" (Planeta, 2001) y 'Memoria personal del largometraje venezolano' en "Panorama histórico del cine en Venezuela" (Fundación Cinemateca Nacional, 1998), de varios autores.

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