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Bitácora Internacional EL EFECTO DE LAS SANCIONES EN LOS VENEZOLANOS, por Alfredo Michelena

Jeffrey Sachs
El economista Jeffrey Sachs es uno de los autores del polémico informe ‘Sanciones económicas como castigo colectivo: el caso de Venezuela’ publicado este mes por Center for Economic and Policy Research.

¿La culpa del sufrimiento de los venezolanos es del castrochavismo o de Trump? Es la pregunta que nos hacemos al leer un nuevo informe académico, el cual señala que 40.000 muertos de los dos últimos años son achacables a las sanciones; argumento que facilita una narrativa que culpa al imperialismo norteamericano y exculpa al régimen.

Una nueva polémica ha causado el informe Sanciones económicas como castigo colectivo: el caso de Venezuela publicado este mes por Center for Economic and Policy Research (CEPR), escrito por Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs. Allí se argumenta no solo que las sanciones impuestas por EEUU son dañinas para la población sino que se atreven señalar que han producido 40.000 muertes. Y van más allá al alegar que estas sanciones deben ser consideradas como “castigo colectivo a la población civil como se describe en las convenciones internacionales de Ginebra y La Haya”.

Los mensajeros

Aunque lo que importa es el mensaje y no el mensajero, vale la pena señalara que el CEPR fue creado por Weisbrot, quien ha sido asesor y defensor de las políticas de gobiernos de la izquierda populista en la región. Para ser más concretos, sus directores John Schmitt, Deborah James y Alexander Main trabajaron para la Venezuela Information Office (VIO), una agencia creada, financiada y registrada por el régimen venezolano ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos bajo el Foreign Agents Registration Act (FARA), donde se deben inscribir “los agentes que representan los intereses de gobiernos extranjeros”. El VIO fue creado, según consta en los documentos de FARA, para “prevenir la intervención de EEUU en Venezuela”. A ese fin se orienta a dar “una visión más precisa de lo que pasa en Venezuela”. Es decir, un mecanismo de propaganda política para el régimen. Weisbrot, fundador del CEPR, ha sido asesor del régimen de Venezuela y de los Kirchner en Argentina.

El argumento

El principal argumento del informe es que la caída de la producción petrolera ha sido producto de las sanciones de los EEUU y que  esto a su vez provocó un daño a la población, que puede ser medida en muertos; específicamente alrededor de 40.000 personas, entre 2017 y 2018.

En relación con la caída de la producción petrolera, se viene sucediendo desde que el chavismo llegó al poder en 1999, cuando se producían cerca de 3,5 millones de barriles diarios. Maduro la recibe en 2,3 millones de barriles diarios y sube a 2,5 millones en 2015 para desplomarse a 1,4 millones en 2018. Hay un descalabro de casi un millón de barriles diarios entre 2015 y 2018: 46 %.

La disminución de la producción con Maduro comienza en 2016. En diciembre de 2015 la producción era de 2,5 millones. Para agosto de 2017, cuando se dictan las sanciones no personales, la producción ya había caído 20 % a 2 millones.  En enero de 2019 solo se producían 1,3 millones, una disminución de 35 % respecto a agosto de 2017. Dada la tendencia histórica y coyuntural existente a la baja, una buena parte de ese 35 % no puede ser achacado a las sanciones.

La crisis humanitaria

La escasez de medicinas y alimentos se comienza a sentir casi desde la llegada de Maduro al poder. La tasa oficial de escasez se situó en casi 30 % en 2014, fecha de su última publicación. Para 2015 se estimaba un recorte de 60 % en importaciones de estos rubros. La ONG Civilis DDHH reportaba en 2014: “Existen niveles alarmantes de escasez en 2013 y 2014, reportando fallas de 37 % a 50 % en medicamentos”. Y ya pululaban las noticias de muertos por estos motivos. La pobreza según la Encuesta de condiciones de vida del venezolano (Encovi, 2015), alcanzaba 73 % de la población y 49 % de ella es pobreza extrema. Para fines de 2017 se estimaba que uno de cada nueve venezolanos estaba en pobreza.

Los autores del reporte argumentan que el aumento de la mortalidad general, según Encovi, había crecido 31 % entre 2017 y 2018, y calcularon que esto representa 40.000 muertes, que a su vez  son producto de las sanciones.

Esta afirmación tiene varias falacias, la más importante, al igual que la anterior, es atribuir una causalidad entre variables cuando ni siquiera tuvieron el profesionalismo de intentar probar con una correlación estadística. Incluso llegan a afirmar que “es virtualmente [sic] cierto que las sanciones económicas de los EEUU hicieron una contribución sustancial a estas muertes”, pero a renglón seguido aceptan que “el porcentaje de muertes por sanciones es difícil de estimar”. ¡Qué descaro!

Y su único argumento es que sin las sanciones la economía se habría recuperado. Argumento que se cae si vemos que la devastación económica no es un asunto coyuntural sino sistémico, que proviene del modelo económico impuesto por el chavismo. Con Maduro, la devastación se profundiza  al entrar la economía en recesión en 2014 y dispararse la inflación y el desabastecimiento. Lo que hubiera cambiado el desastre económico hubiera sido el cambio del modelo económico estatista, pero en ningún momento Maduro lo intentó.

Por otra parte, el incremento de la mortalidad en Venezuela comienza mucho antes de agosto de 2017. Por ejemplo, Encovi muestra que la mortalidad infantil venía disminuyendo hasta 2010 cuando empezó a aumentar y estima que “20.000 defunciones infantiles durante el periodo 2017-2019, son  atribuibles a la crisis.”

Si la mortalidad aumentó en Venezuela, el origen de esta tragedia está en el mal manejo del Estado. Es una crisis que viene acumulándose y creciendo por años con una dinámica propia, aunque sin duda pudiera haber sido acelerada por las sanciones. ¿Cuánto es atribuible a las sanciones y cuánto no? Es una pregunta que maliciosamente no responden los autores, o mejor dicho responden que no saben. Y si no saben ¿por qué afirman lo de los 40.000 muertes?

“Propaganda”

En inglés, el significado de propaganda es “información, especialmente de naturaleza sesgada o engañosa, utilizada para promover o dar a conocer una causa o punto de vista político en particular” y este es el caso.

No se puede negar que las sanciones no personalizadas afectan a la población. Pero este argumento, que ha sido muy bien recibido por la izquierda mundial, es el mismo que aplican los huelguistas que paran una fábrica para presionar al patrón a fin de que mejore sus condiciones laborables. La lógica es que el patrón no querrá perder dinero ni su empresa, por lo cual debe negociar. Por esta misma lógica, los obreros están dispuestos a arriesgar sus trabajos y sus ingresos pues esperan que al final lógicamente se mejoren sus condiciones de vida.

Empero, el régimen parece tener la lógica de “la mamá mala de la historia del Rey Salomón”, aquella que no le importó que al niño lo dividieran en dos. Es decir, al régimen no le importa la crisis de los venezolanos sino quedarse en el poder. Recuerden a Delcy Eloína Rodríguez argumentando en la OEA que Venezuela tenía para alimentar a tres países. Niegan su existencia para no tener que aceptar su fracaso o —peor— crean la crisis para mejor controlar a la población, como argumentan algunos.

Sin negar el impacto de las sanciones, se puede argumentar que lo que ha provocado la crisis y la ha acelerado ha sido el empeño del régimen de no cambiar el modelo económico estatista el responsable de la crisis. Un modelo que ha producido una recesión desde 2014 y una inflación que ya se cuenta en seis ceros.

Incluso la crisis habría podido ser paleada parcialmente, sin cambiar el modelo económico aceptando la ayuda humanitaria.

Y al final, el régimen podría terminar con la tragedia aceptando unas elecciones limpias y justas. Allí está su mayor responsabilidad en la relación entre sanciones y crisis humanitaria.

La importancia de este estudio ‘propagandístico’ es que transfiere la culpa del opresor a una fuerza externa y exculpa a los que realmente crearon la crisis. Y da sustento a la narrativa castrochavista de la ‘guerra económica’ por el imperio y la derecha internacional.

Si a Maduro le hubiera interesado evitar parar o incluso palear a tiempo,  la crisis humanitaria hubiera renunciado o al menos aceptado ayuda incondicional.

Sobre Alfonso Molina

Venezolano, periodista, publicista y crítico de cine. Fundador de Ideas de Babel. Miembro de Liderazgo y Visión. Ha publicado "2002, el año que vivimos en las calles". Conversaciones con Carlos Ortega (Editorial Libros Marcados, 2013), "Salvador de la Plaza" (Biblioteca Biográfica Venezolana de El Nacional y Bancaribe, 2011), "Cine, democracia y melodrama: el país de Román Chalbaud" (Planeta, 2001) y 'Memoria personal del largometraje venezolano' en "Panorama histórico del cine en Venezuela" (Fundación Cinemateca Nacional, 1998), de varios autores.

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