La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia legítimo —pero en el exilio— es clara: “Se condena a Nicolás Maduro a 18 años y tres meses de prisión por corrupción en el caso Odebrecht. Debe pagar multa de 25 millones de dólares por corrupción propia y reintegrar al Estado venezolano 35 mil millones de dólares por legitimación de capitales”. En otras palabras, los magistrados del TSJ hicieron su trabajo, el trabajo que les corresponde y, desde Colombia, declararon a Nicolás culpable de los delitos por los cuales estaba siendo juzgado.
Una vez más, en una situación inusual en nuestro país, y en medio de debates y posiciones divididas, esta decisión del TSJ legítimo —pero en el exilio— abre opciones para las que solo bastaría la tenacidad y la valentía de quien o quienes decidan acatar la sentencia y poner tras las rejas al responsable de tanta miseria y muerte; con la esperanza de que, después de él, comiencen los juicios de cada uno de sus cómplices, sean del bando que sean.
La sociedad venezolana debe estar percibiendo en este momento que las autoridades y dirigentes políticos que no están en el país, hablan con ferocidad y sin miedo a las represalias de un régimen que sabe cómo callar a sus enemigos. Pero, muchos de los que están aquí, los que hacen vida en el territorio nacional, como algunos de nuestros diputados de la Asamblea Nacional electos por mandato popular, permanecen callados ante la dictadura, sumisos, bajando la cerviz, ‘encarriladitos’ como le gusta decir a Nicolás.
Hoy muchos celebran la decisión del TSJ legítimo porque tiene implicaciones que deberían favorecer el restablecimiento del orden constitucional. Otros, por el contrario, se burlan de la sentencia pensando que es muy fácil condenar, “desde la comodidad del exilio”, a quien controla todas las instituciones que deberían acatar el dictamen. No quiero entrar en ese debate. Sin embargo, la institución que está en el exterior está actuando. Ahora es el turno de la AN. Es el momento de escuchar a los diputados declarándose en sesión permanente y evacuando más pruebas condenatorias, desde sus respectivas comisiones, contra cada uno de los integrantes del régimen responsables de la ruina del país. Mientras escribo estas líneas, lo único que sabemos de la Asamblea Nacional, la que elegimos todos los venezolanos, es que se va de vacaciones. Y al irse de vacaciones, desatiende las decisiones del TSJ en el exilio, que ellos eligieron y juramentaron. ¿Alguien puede explicarme la razón por la que, en un momento crucial como este, los diputados deciden tomarse un receso?
En días pasados, mi estimada amiga, la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León señalaba las tres ocasiones en las que la AN había incumplido con su deber constitucional al no cubrir la vacante presidencial: ante la doble nacionalidad de Nicolás; una vez declarado el Abandono del Cargo y después de autorizar el enjuiciamiento del presidente. En palabras de la doctora Mármol, la Asamblea Nacional “no está ejerciendo su potestad, ni respondiendo a la representación ciudadana que ostenta, fallándole a la ciudadanía”.
Según me explicó Blanca Rosa, “en el caso de la doble ciudadanía de quien detenta la presidencia —porque Venezuela no tiene Presidente actualmente— cuando se planteó, la AN no quiso enfrentarlo. Distorsionó el asunto, nombró una comisión, se propuso recabar pruebas. Llevó las cosas al punto de que interviniera la inefable Sala Constitucional del TSJ para ‘saldar’ el asunto con una de sus decisiones obedientes al régimen”.
“En el caso del Abandono del Cargo —continúa— es una vía abstrusa que escogieron para, presuntamente, remover a Maduro del cargo, prefiriéndola a la línea recta, que es la más corta representada por la primera opción. Dijeron que había abandono de funciones; y después de ello, al día siguiente, luego de declarar en pleno al presidente en Abandono del Cargo, se fueron a visitar el Hospital Vargas, sin seguir el procedimiento establecido en el artículo 233 de la Constitución Nacional. ¡Cómo si no estuviera pasando nada! Y Maduro se burlaba desde el TSJ de Dos Pilitas cuando presentaba su Memoria y Cuenta. En realidad, se burlaba de todos nosotros, de quienes le dimos la representación a los diputados. Por eso siempre me pregunto, ¿en nombre de quién actúan?”.
Por último, la doctora Mármol de León me aclara que, en la tercera oportunidad, cuando el TSJ Legítimo encuentra méritos para el enjuiciamiento de Maduro y la Asamblea lo autoriza, “vemos que, de nuevo, no se sigue el procedimiento constitucional, evadiendo la ejecución de la sentencia y enviándosela a la Consultoría Jurídica de la AN. Como si pudiera ésta revisar una decisión del TSJ Legítimo, última instancia legal y constitucional, única en el caso del enjuiciamiento del presidente”.
Coincido con ella cuando dice que nuestros diputados de la Asamblea Nacional, al momento de designar a los magistrados legítimos que están hoy en el exilio, les preguntaron si sabían que podían ir presos por el solo hecho de su designación. Una pregunta que ellos también debieron hacerse cuando decidieron ser candidatos a diputados en Venezuela, en la actual, la que está sometida por un régimen capaz de todo por conservar su poder.
Quienes ostentan cargos públicos, de elección popular, en un país como el nuestro, no pueden sentir miedo. Los magistrados en el exilio ya hicieron parte de su trabajo. Ahora es el turno de quienes tampoco pueden sentir miedo y deben acatar la decisión.
@mingo_1
Instagram: mingoblancotv
About The Author
